En los últimos tiempos, la necesidad de frenar el cambio climático y de mejorar la calidad del aire en las ciudades ha puesto sobre la mesa la importancia de la correcta cuantificación de las emisiones de los vehículos. En la mayor parte de los territorios del mundo, incluyendo la Unión Europea [1], la legislación exige a los fabricantes que sus vehículos no sobrepasen unos ciertos estándares de emisiones para poder ser introducidos en el mercado. A la vez, a nivel estatal, la Dirección General de Tráfico ha creado diferentes distintivos medioambientales, otorgados según el tipo de vehículo, su tecnología de propulsión y la normativa europea con la que hayan sido homologados [2]. Estos distintivos son la base para que los ayuntamientos de algunas ciudades establezcan medidas anticontaminación que incluyen restricciones en función de las emisiones de los vehículos [3], [4], algo particularmente relevante en el contexto de la nueva Ley 7/2021 de cambio climático y transición energética [5]. Todas estas medidas han hecho crecer el interés público acerca de las emisiones de los vehículos y, para que dispongan de un fundamento científico-técnico y puedan resultar eficaces en la práctica, es necesario un mismo punto de partida: la cuantificación de las emisiones de cada modelo.
